08/08/2016
La presencia del exalcalde socialista Antonio Tirado, miembro del Consejo Social de la ciudad, y del secretario de la patronal Rafael Montero, miembro de Pacto Local de Empleo, se llevan la reprobación de la formación ciudadana.
En el último pleno del Ayuntamiento de Castelló, la formación municipalista hizo un ruego a la alcaldesa en relación a la presencia en órganos municipales, de personas imputadas o condenadas por delitos relacionados con la corrupción. Tal como expresó la regidora Anna Peñalver, su presencia "podría haber causado perjuicio al interés general y a las arcas públicas, por las cuales tenemos la obligación de velar. No podemos tolerar que personas sospechosas de apropiarse privadamente de aquello que es de todos y todas continúan representando a la sociedad civil".
Para la agrupación electoral hacen falta medidas cautelares, por lo que cuestionan la opción del Ayuntamiento de esperar las dimisiones de los propios imputados o condenados, o bien, esperar a su destitución por parte de las organizaciones a las cuales representan. Por eso rogaron a la alcaldesa Marco que "habilite los mecanismos o medidas cautelares necesarias para evitar que continúan formando parte de órganos vinculados a este ayuntamiento, algunos de los cuales tienen importantes funciones en temas como el empleo, el urbanismo o los presupuestos municipales".
Concretamente, Peñalver hizo referencia a la presencia en el Pacto Local de Empleo de Rafael Montero, Secretario General de la Confederación de Empresarios de Castelló, investigado por presunto fraude en los cursos de formación que organizaba la patronal, y al cual una sentencia del 2015 ya consideró culpable de quebrar la Sociedad de Garantías Recíprocas, "el rescate de la cual ha costado, de momento, a los valencianos y valencianas, 109 millones de euros" ha recordado Peñalver. La regidora también puso el ejemplo del ex-alcalde socialista Antonio Tirado, consejero nato del Consell social. Peñalver ha recordado que "tendrá que declarar ante el juzgado que trae la instrucción del caso Gran Coral, por los indicios de su supuesta participación en delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, delitos societarios y contra la hacienda pública".
