14/02/2017
Reivindica una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento. Recuerdan el «contundente» dictamen del PSOE de la Comisión de investigación municipal del 2010. Sitúan alrededor de los 145 millones de euros la cantidad que el consistorio municipal ha pagado a estas firmas en el periodo 2011-2015.
Según han publicado varios medios de comunicación los nuee empresarios acusados por la Fiscalía de financiar de forma ilegal el PP han acordado con el Ministerio Público una rebaja en las penas a cambio de reconocer los hechos. Así, según estas informaciones, los empresarios financiaron de forma ilegal el PP en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y en las generales del 2008.
Desde Castelló en Moviment señalan que «entre los empresarios que han reconocido los delitos encontramos a los representantes de las mercantiles que gestionan los contratos municipales más copiosos del Ayuntamiento desde hace muchos años».
La agrupación electoral se refiere a Enrique Gimeno, presidente del grupo Gimeno, a Gabriel Alberto Batalla, del grupo Obinesa, y Antonio Pons, del grupo PIAF.
Así, según los cálculos de los municipalistas en el periodo 2011-2015 diferentes mercantiles vinculadas a estos empresarios ingresaron alrededor de los 145 millones de euros por la recogida de basuras, el mantenimiento de los jardines y de las fuentes, la abastecimiento de agua, diferentes obras, y un largo etcétera. El edil Iñaki Vallejo ha recordado que el 2010 el Ayuntamiento de Castelló llevó adelante una Comisión de investigación sobre los trabajos facturados por estas empresas (Facsa, Lubasa y PIAF).
El dictamen que publicó el PSOE mencionava «ajudicaciones a dedo por valor de 25 millones de euros a LUBASA y PIAF entre 2003 y 2009, trato de favor e información privilegiada». El reconocimiento del delito por parte de los empresarios para atenuar las penas, así como el «contundente» dictamen del PSOE el 2010, son elementos suficientes para el regidor municipalista, para reivindicar de nuevo «la prometida auditoría de las cuentas del Ayuntamiento y una postura más contundente del bipartit ante reconocidos corruptores».
